El diálogo entre la Iglesia Católica y el Gobierno nacional sumó un nuevo foco de tensión tras las declaraciones públicas del padre Pablo Molero.
El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad analizó el reciente acercamiento de las autoridades políticas con la cúpula eclesiástica y cuestionó severamente los verdaderos motivos de las reuniones oficiales.
En declaraciones radiales, el sacerdote no anduvo con rodeos al evaluar el comportamiento de los funcionarios en el marco de la organización de la llegada del Papa.
Al respecto, Molero enfatizó que el interés del Estado se limita a la construcción de una imagen pública favorable.
Convocatorias "para la foto":
Para el referente social, el repentino espíritu de consenso de la administración gubernamental responde únicamente a intereses electorales y diplomáticos relacionados con la inminente visita papal.
En su intervención, expuso que estas reuniones carecen de voluntad política real para resolver las problemáticas que padece el sector.
"Está bien que se convoque a la iglesia, ahora se muestran dialoguistas pero no les creo nada, todo esto es para la foto", dijo.
Molero puntualizó que los mecanismos de contención deberían responder a la crítica realidad socioeconómica del país y no a un cronograma de visitas internacionales.
En esa línea, exigió un cambio radical en las prioridades presupuestarias del Estado.
"Que el Gobierno no haga las cosas porque viene el Papa, hay que hacerlo porque la gente lo necesita", manifestó.
El sacerdote sumó malestar al recordar los constantes idas y vueltas burocráticos que caracterizan la relación con los funcionarios en las mesas de trabajo.
En este sentido, denunció una metodología sistemática orientada a dilatar las soluciones mediante exigencias administrativas permanentes.
"Es típico de este Gobierno llamar a dialogar y no cumplir. Ellos saben muy bien lo que pasa", sentenció.
El desfinanciamiento del sistema:
El núcleo del reclamo del Foro de Discapacidad radica en el severo descalce económico que sufren los prestadores, lo que interrumpe tratamientos esenciales, transporte especializado y la entrega de medicamentos.
El sacerdote explicó que los aranceles fijados por el Ministerio de Salud se encuentran desfasados frente a la inflación reinante, provocando el cierre de centros terapéuticos.
“Nos encontramos con un retraso en los pagos que asfixia a las instituciones”, dijo.
Y agregó: “El dinero destinado a la inclusión y la salud de las personas con discapacidad no aparece, y mientras tanto se habla de equilibrio fiscal para ajustar a los más débiles".
Asimismo, advirtió sobre el peligro de desregular el sistema a través del presupuesto, alertando que permitir negociaciones individuales entre obras sociales y prestadores rompería el criterio de equidad universal que rige por ley.
El rol del Estado en los barrios populares:
El coordinador del foro remarcó que las parroquias y comedores comunitarios están absorbiendo una demanda que el propio Estado decidió abandonar.
La falta de asistencia directa obliga a la Iglesia y a las organizaciones civiles a multiplicar esfuerzos sin recursos económicos suficientes.
"Vemos que el presidente tiene una idea de Estado que no se ajusta a lo que marcan la Constitución y las leyes, las cuales obligan a proteger a la población vulnerable”, lanzó.
Y sumó el sacerdote: “Esperamos que el Congreso intervenga para frenar estas decisiones que van en contra de los derechos humanos básicos".
También, le puso rostro humano al impacto directo de las medidas económicas y el recorte de fondos en los sectores más vulnerables del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
Al hablar sobre la realidad cotidiana que enfrentan las instituciones terapéuticas en contextos de alta vulnerabilidad, el sacerdote ejemplificó la dramática situación con su propia experiencia territorial.
"Desde el 2007 tengo un centro de atención en la 1-11-14, y desde mayo vivo rechazando gente porque no puedo tener una lista de espera eterna. Esa es la gente que yo atiendo, niños de hasta 11 años", relató.
Con esa descripción, Molero expuso cómo la falta de actualización en los aranceles y la parálisis estatal dejan completamente desamparadas a las infancias más desfavorecidas.