“Habla el subcomisario Gutiérrez de la seccional Primera. La señora Mónica fue atropellada por su hermano”. Con esa frase, un preso se hacía pasar por jefe policial para engañar a sus víctimas y poner en marcha una estafa bajo la modalidad del “cuento del tío”. La maniobra era parte de una organización que montó un call center desde la cárcel de Lisandro Olmos y realizó más de 10.000 llamados telefónicos en cuatro meses para cometer estafas y, presuntamente, facilitar robos en distintas ciudades del país.
La investigación, a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 13, conducida por el fiscal Mariano Moyano, derivó en allanamientos simultáneos en las unidades penitenciarias 1 de Olmos, 44 de Batán y 15 de Batán. En los procedimientos fueron detenidos tres presos y otros dos resultaron aprehendidos. Secuestraron ocho teléfonos celulares, chips y anotaciones. Los investigadores sospechan que la organización también actuó en otras provincias, entre ellas Neuquén, Mendoza, Córdoba y Salta.
Durante la requisa de la celda de Hugo Carlos Miguel, alojado en la Unidad Penal 1 de Olmos, personal del Gabinete de Robos Calificados en Viviendas de la DDI de Mar del Plata secuestró teléfonos celulares que, según la investigación, eran utilizados para realizar las maniobras delictivas.
Miguel cumple una condena de 30 años de prisión por robo agravado por escalamiento, homicidio agravado criminis causa y robo agravado por lesiones graves, y registra una declaración de reincidencia. En los procedimientos realizados en las unidades 44 y 15 de Batán también fueron detenidos Alejandro David Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Jonathan Ezequiel Villalba, sospechosos de integrar la asociación ilícita y de participar en estafas y robos agravados.
Los informes de las compañías telefónicas incorporados al expediente registraron 5.158 llamadas entre el 4 de junio y el 8 de julio de 2026, y otras 5.283 entre el 4 de agosto y el 8 de octubre. En total, fueron 10.441 comunicaciones en poco más de cuatro meses, dirigidas a potenciales víctimas de numerosas localidades del país.
Entre las ciudades alcanzadas aparecen Mar del Plata, La Plata, Necochea, Tandil, Bahía Blanca, Rosario, Corrientes, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, además de la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades de distintas provincias.
Según la pesquisa, los internos alojados en la Unidad Penal 1 de Olmos utilizaban celulares para contactar a potenciales víctimas, en su mayoría adultos mayores, y obtener información personal y patrimonial. Después transmitían esos datos a otros integrantes de la organización que operaban fuera de las cárceles, distribuidos en distintas “células”.
Si no conseguían que las víctimas entregaran dinero por teléfono, los cómplices podían presentarse en sus domicilios para continuar con el engaño o ingresar a las viviendas para robar bienes.
El falso subcomisario Gutiérrez
Una de las principales modalidades consistía en hacerse pasar por el supuesto subcomisario Gutiérrez y alertar a las víctimas sobre accidentes o detenciones de familiares. Con la excusa de que un pariente había atropellado a una mujer embarazada, los delincuentes les exigían dinero para pagar una supuesta fianza y les decían que un policía pasaría a retirar la plata.
Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa permitieron reconstruir parte de las maniobras. En una de las comunicaciones, el falso policía se presenta y lanza la noticia que busca generar alarma:
—“Habla el subcomisario Gutiérrez de la seccional Primera. La señora Mónica fue atropellada por su hermano”.
La mujer desconfía de la historia y pregunta:
—“¿Cómo sé que esto es verdad y que no es algo trucho?”.
El interlocutor insiste con una respuesta que apunta a darle credibilidad al engaño:
—“Que se arrime un familiar suya a la seccional, señora”.
En otra comunicación, la maniobra vuelve a girar alrededor de un supuesto accidente de tránsito:
—“Su hermano tuvo un accidente, atropelló a una mujer embarazada”.
El objetivo era instalar la idea de una situación urgente y conseguir que la víctima entregara dinero para resolver el supuesto problema judicial.
La organización también recurría a una variante conocida de las estafas telefónicas: fingir ser un hijo o un sobrino de la persona contactada para pedirle dinero de manera urgente. En una de las grabaciones, el interlocutor inicia la conversación con una frase breve:
—“Hola, ma”.
La mujer advierte algo extraño en la voz y le responde:
—“Parece que estás resfriado”.
En otra de las escuchas, uno de los sospechosos prepara a la víctima para una supuesta comunicación con su hermano, que estaría involucrado en un problema judicial:
—“Ahí le paso con su hermano, le va a comentar de la fianza que está pidiendo el fiscal”.
Luego interviene el hombre que se hace pasar por el familiar y busca generar angustia para que la mujer acceda a entregar dinero:
—“No sabés lo que es esto, me quiero morir”.
La víctima explica que no tiene los fondos necesarios para afrontar el pedido:
—“Piden mucha plata, pero no tenemos esa cantidad para pagar”.
Pero el falso familiar insiste y le pide que reúna lo que pueda:
—“Fijate cuánto tenés vos ahí, haceme el favor que yo te lo voy a devolver. Tengo la boca lastimada”.
La conversación termina con la mujer que intenta dimensionar el monto que le reclaman:
—“¿Dos millones quiere? Cobro la mínima”.
Las conversaciones forman parte de las pruebas reunidas por los investigadores para establecer cómo operaba la organización y qué papel tenía cada uno de los sospechosos.
Los roles dentro de la organización
De acuerdo con la investigación, Miguel Hugo Franco, de 62 años, era quien realizaba los llamados desde la Unidad Penal 1 de Olmos y se hacía pasar por el subcomisario Gutiérrez. Los detectives determinaron que efectuaba al menos 50 comunicaciones diarias y que recurría a distintas historias para engañar a sus interlocutores: desde la supuesta detención de un familiar o un accidente de tránsito hasta una falsa comunicación de un director bancario.
La pesquisa también identificó a Miguel Franco Isaías, de 29 años; Jonathan Ezequiel Villalba, de 34; y Alejandro Demetrio Rosales, señalados como integrantes de la estructura que operaba fuera de la cárcel y tenía funciones vinculadas con la búsqueda de potenciales víctimas y la ejecución de las maniobras en Mar del Plata.
Según los investigadores, los integrantes que operaban fuera de los penales obtenían información sobre personas a las que podían engañar y se la transmitían a quienes realizaban las llamadas desde las cárceles.
La causa se había iniciado a partir de un intento de estafa en jurisdicción de la comisaría 12ª de Mar del Plata. En ese episodio, tres hombres se presentaron como policías y solicitaron ingresar a una vivienda. Después cambiaron la versión y dijeron que debían retirar dinero que el propietario tenía guardado. El hombre advirtió la maniobra, volvió a entrar a su casa y evitó que concretaran el engaño.
A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de antenas de telefonía y el estudio de las comunicaciones entre los sospechosos, los detectives vincularon a los investigados con otros hechos delictivos. Entre ellos figura una entradera en una vivienda de Artigas al 700, donde una mujer de 70 años fue maniatada, amordazada, golpeada y lesionada, además de sufrir cortes en los dedos de un pie. En ese asalto, los delincuentes sustrajeron 600.000 pesos.
Allanamientos en tres cárceles
Con las pruebas reunidas y la autorización judicial correspondiente, el 22 de octubre se realizaron los procedimientos simultáneos en las unidades penitenciarias 1 de Olmos, 44 de Batán y 15 de Batán.
En la cárcel de Olmos, los investigadores identificaron a Franco como el hombre que utilizaba la identidad del subcomisario Gutiérrez y a su compañero de celda, Joel Hugo Aguirre, señalado como parte del grupo que realizaba las llamadas. Allí secuestraron cuatro teléfonos celulares y dos troqueles de chips.
En la Unidad Penal 44 de Batán fueron detenidos Isaías y Rosales. Los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, dos de ellos pertenecientes a Rosales, uno de los cuales no había sido declarado. En la Unidad Penal 15, en tanto, fue detenido Villalba y se secuestraron un teléfono celular y documentación de interés para la causa.
Por disposición del fiscal Moyano, Franco y Aguirre fueron aprehendidos durante el procedimiento, aunque posteriormente recuperaron la libertad en el marco de esta investigación. La causa continúa para determinar el alcance de las maniobras, la participación de cada sospechoso y la posible vinculación de la organización con otros hechos cometidos en distintas jurisdicciones.
Fuerte reclamo
En paralelo, Moyano volvió a reclamar a las autoridades bonaerenses que prohíban el uso de teléfonos celulares por parte de las personas alojadas en las cárceles provinciales.
El fiscal sostuvo que las pruebas reunidas muestran la necesidad de adoptar medidas para impedir que los internos continúen planificando y ejecutando delitos desde los establecimientos penitenciarios, entre ellos estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados.