De cara al cierre de año y comienzo del 2026, el Gobierno nacional informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones.
El nuevo secretario de la Agencia será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, sentenció en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Asimismo, el funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, explicó.
Y continuó: “Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.
“Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”, sumó.
Pese a la disolución, Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.
Según trascendió en la prensa, la idea apuesta a “ordenar el sistema”, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, fortalecer a los equipos y la atención brindada a los usuarios y sus familias.
La modificación implica la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias, y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica. Se trata de una decisión que el Ejecutivo maduraba desde hace meses, como contó este medio.
Hasta entonces, la agencia se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. Se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
Con la ebullición de las irregularidades registradas luego de los audios de Spagnuolo, el Gobierno impulsó una auditoría interna en ANDIS. Los primeros resultados de la investigación, que aún se adeudan, detectó 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la asistencia. El hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior.
Tras la detección, Vilches inició un proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados. Además, analizan la posibilidad de avanzar en la judicialización tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados.