Volver a empezar
Forman una cooperativa para terminar sus casas
Fueron estafados, lograron desplazar a los timadores y conformaron una cooperativa para terminar sus hogares por los que habían pagado miles de pesos.
A través de un crédito del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires de casi tres millones y medio de pesos, la cooperativa Santa Librada Limitada debía construir 118 viviendas en un terreno de González Catán en el 2004. Pese al compromiso, aún restan 34 que sólo tienen sus bases; en tanto, las 84 restantes fueron entregadas “peladas” a sus dueños.
El barrio en cuestión está ubicado en el Km 32 de la Ruta 3 y sus habitantes denunciaron haber sido “estafados”. “Yo pagué 10 mil pesos en efectivo por el lote, pero además me dijeron –y así lo establece el Convenio de Inclusión de la cooperativa- que la casa que iba a habitar debía estar terminada y que contaba con todos los servicios básicos. Pero cuando llegué, me encontré con una casa ´pelada´, en un barrio sin luz, gas ni agua”, se quejaban al unísono.
Pero había casos más graves: los hermanos Roque y Cristina González. En agosto de 2006, los tres recibieron en la casa de un familiar a Reyna Santa Cruz, esposa del presidente de la entidad, Hugo Molinas Arce. Cuando firmaron el convenio, la mujer había prometido que tendrían su hogar en pocos meses. ¿El precio? Ocho mil pesos. La desilusión golpeó a su puerta cuando comprobaron con sus propios ojos que aquello que les habían prometido, hace tres años, era sólo una base.
En consecuencia, los vecinos se organizaron para dar a conocer la estafa. “Sólo queremos lo que nos pertenece”, vocifera “Bety”, como la conocen en el barrio a Beatriz Rojas, líder de la “rebelión vecinal”. Al mismo tiempo, dejó claro que “hace casi dos años que las autoridades del Instituto de la Vivienda y de la Municipalidad de La Matanza recibieron nuestra denuncia. Nos dijeron que teníamos razón y que nos iban a ayudar. Si bien disolvieron la cooperativa, nos dejaron en “pampa y la vía”. La construcción del barrio quedó parada y no tenemos ningún servicio, esto es un desastre”, resumió Bety.
El nuevo conflicto fue resuelto, una vez más, por la voluntad vecinal: conformaron una cooperativa y se presentaron ante las autoridades del Instituto de la Vivienda y del municipio. “Nosotros mismos vamos a terminar con el plan de construcción. No tenemos intereses políticos ni económicos. Lo único que deseamos es terminar nuestros hogares como estaba pactado. Hay gente que no tiene ni caños, ni ventanas y, algunos, ni puertas. Esto es un desastre y buscamos la solución más justa”, indicó Rojas.
De hecho, los vecinos decidieron llamar a la nueva cooperativa “Esperanza e Igualdad” en honor a sus pretensiones. Sin embargo, la obra sigue parada debido a las trabas burocráticas. Por ejemplo, el predio está a nombre del presidente de la cooperativa desplazada, Hugo Molinas, por lo que puede reclamar la tierra y dejar en la calle a sus habitantes.
Tal fragilidad legal continúa preocupando a los vecinos de Santa Librada que, a raíz de la estafa, preparan llevar su caso a la Justicia por “daños y perjuicios”.
Por otro lado, “estamos esperando la ayuda prometida de la municipalidad para solucionar esto y, además, contamos con la buena voluntad del Instituto”, manifestaron los miembros de Esperanza e Igualdad, con franca confianza a las medidas estatales.
Ahora bien, el primer paso está dado, ahora sólo resta aguardar por la decisión política. ¿Cómo seguirá esta historia?
El barrio en cuestión está ubicado en el Km 32 de la Ruta 3 y sus habitantes denunciaron haber sido “estafados”. “Yo pagué 10 mil pesos en efectivo por el lote, pero además me dijeron –y así lo establece el Convenio de Inclusión de la cooperativa- que la casa que iba a habitar debía estar terminada y que contaba con todos los servicios básicos. Pero cuando llegué, me encontré con una casa ´pelada´, en un barrio sin luz, gas ni agua”, se quejaban al unísono.
Pero había casos más graves: los hermanos Roque y Cristina González. En agosto de 2006, los tres recibieron en la casa de un familiar a Reyna Santa Cruz, esposa del presidente de la entidad, Hugo Molinas Arce. Cuando firmaron el convenio, la mujer había prometido que tendrían su hogar en pocos meses. ¿El precio? Ocho mil pesos. La desilusión golpeó a su puerta cuando comprobaron con sus propios ojos que aquello que les habían prometido, hace tres años, era sólo una base.
En consecuencia, los vecinos se organizaron para dar a conocer la estafa. “Sólo queremos lo que nos pertenece”, vocifera “Bety”, como la conocen en el barrio a Beatriz Rojas, líder de la “rebelión vecinal”. Al mismo tiempo, dejó claro que “hace casi dos años que las autoridades del Instituto de la Vivienda y de la Municipalidad de La Matanza recibieron nuestra denuncia. Nos dijeron que teníamos razón y que nos iban a ayudar. Si bien disolvieron la cooperativa, nos dejaron en “pampa y la vía”. La construcción del barrio quedó parada y no tenemos ningún servicio, esto es un desastre”, resumió Bety.
El nuevo conflicto fue resuelto, una vez más, por la voluntad vecinal: conformaron una cooperativa y se presentaron ante las autoridades del Instituto de la Vivienda y del municipio. “Nosotros mismos vamos a terminar con el plan de construcción. No tenemos intereses políticos ni económicos. Lo único que deseamos es terminar nuestros hogares como estaba pactado. Hay gente que no tiene ni caños, ni ventanas y, algunos, ni puertas. Esto es un desastre y buscamos la solución más justa”, indicó Rojas.
De hecho, los vecinos decidieron llamar a la nueva cooperativa “Esperanza e Igualdad” en honor a sus pretensiones. Sin embargo, la obra sigue parada debido a las trabas burocráticas. Por ejemplo, el predio está a nombre del presidente de la cooperativa desplazada, Hugo Molinas, por lo que puede reclamar la tierra y dejar en la calle a sus habitantes.
Tal fragilidad legal continúa preocupando a los vecinos de Santa Librada que, a raíz de la estafa, preparan llevar su caso a la Justicia por “daños y perjuicios”.
Por otro lado, “estamos esperando la ayuda prometida de la municipalidad para solucionar esto y, además, contamos con la buena voluntad del Instituto”, manifestaron los miembros de Esperanza e Igualdad, con franca confianza a las medidas estatales.
Ahora bien, el primer paso está dado, ahora sólo resta aguardar por la decisión política. ¿Cómo seguirá esta historia?
