Berni aseguró que "no hace falta una ley" antipiquetes

El secretario de Seguridad discutió con una fiscal por el caos de tránsito en General Paz y se refirió al proyecto que están tratando Diputados.

 

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, mantuvo hoy una discusión con la fiscal contravencional, Verónica Andrade, debido al caos de tránsito que se registró en la avenida General Paz, por una protesta que realizaron trabajadores de la empresa EMFER.


"Mi función es que la gente pueda circular y nosotros podríamos haber resuelto el conflicto hace 45 minutos y no lo pudimos hacer porque la fiscal contravencional, la doctora Andrade, sostuvo que estaba abierta la colectora", señaló el funcionario nacional.


"Yo le digo a la doctora Andrade que venga a ver que hay cientos de automovilistas que quieren llegar a su lugar de trabajo y no pueden", fustigó esta mañana Berni desde el lugar de la protesta.


El funcionario llegó al lugar junto a personal de Infantería de la Policía Federal para liberar el tránsito en avenida General Paz, a la altura de la estación Miguelete, donde un grupo de trabajadores realizaba una protesta que impedía el paso de vehículos.


Cuando fueron consultados por radio 10, Andrade le contestó que "el orden de tránsito, cuando existe un corte, está en cabeza de la Policí¬a Federal" y explicó que no dio la orden de desalojar "porque es un criterio general vigente desde el año 98 de la Fiscalí¬a General de la Ciudad, que indica que cuando la cantidad de manifestantes justifica el corte, se debe hacer el desvío".


Ante esa respuesta, Berni dijo que "es una vergüenza" y agregó que "se tendrí¬an que replantear cómo actúan en la ciudad, lo único que hacen es complicarnos la vida a los ciudadanos".

"No voy a contestar con un discurso polí¬tico. Yo me amparo en lo que dice la legislación", contestó la fiscal y Berni le respondió:


"No me va a contestar porque la justicia contravencional nunca tiene respuestas. La Justicia también tiene que defender los derechos de los ciudadanos".


"Las instrucciones fueron más precisas...Les dije que filmaran la movilización, que identificaran a las personas. Todas esas instrucciones fueron dadas a la persona que me hizo la consulta", agregó Andrade.


El funcionario insistió en que "a la justicia contravencional poco le interesan los derechos de los ciudadanos".


Proyecto de ley antipiquetes


La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados empezó hoy a tratar los proyectos presentados por legisladores de distintos bloques para reglamentar piquetes y manifestaciones públicas.


Presidida por Diana Conti (FPV), quien anunció que el debate continuará el 10 de junio, a la reunión fueron invitados los autores de los proyectos para referirse a los puntos centrales de sus iniciativas.


En las dos horas que duró la audiencia los expositores coincidieron en que la reglamentación del derecho a peticionar, básico en el régimen democrático, no puede ser criminalizado, pero hubo diferencias sobre la utilidad de la mediación como mecanismo de acercar posiciones y la forma de resguardar el derecho a la libre circulación de personas y vehículos.


Asimismo, hubo acuerdo mayoritario en la necesidad de declarar la amnistía para los alrededor de 4 mil militantes sociales procesados por su participación en manifestaciones públicas, para lo que hay proyectos que fueron girados a la comisión de Legislación Penal.


El primer expositor fue el kirchnerista Juan Manuel Pedrini, cuyo proyecto para reglamentar la protesta pública fue firmado por más de una decena de diputados del oficialismo.


Pedrini explicó que la diferenciación que el texto hace entre manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas" no tiene "la intención de calificar el conflicto", y destacó que la caracterización no la deja a cargo de un funcionario "sino de la ley".


Respecto de la notificación de la realización de la protesta con 48 horas de anticipación que indica su propuesta, Pedrini indicó que "no se trata de una autorización" sino de un trámite que se podría hacer en cualquier comisaría a los efectos de coordinar operativos de organización y mediación.


Para el diputado por Chaco es necesario que exista "una mediación civil y obligatoria" y en cuanto al uso de la fuerza marcó en la reunión que el proyecto recoge el protocolo que tiene el ministerio de Seguridad desde la gestión de Nilda Garré.


Ramona Pucheta, militante social y autora de otro proyecto en tratamiento, precisó que su propuesta impulsa la ampliación de todos las dependencias de atención al público, la creación de un registro público digital donde quede constancia de los petitorios y un responsable de atención al público territorial, porque los cortes de calle y manifestaciones públicas son la última instancia a la que apela la gente con reclamos insatisfechos.


Federico Sturzenegger (PRO), economista de profesión, se animó a cuantificar el costo que en la ciudad de Buenos Aires tienen los cortes de calles y autopistas en tiempo y recursos desperdiciados, y aseguró que en 2012 el cálculo da por resultado 425 millones de pesos, pero el costo ascendió a 470 millones en 2013.


El proyecto de Sturzenegger propone que los manifestantes dejen libre la mitad de los carriles disponibles, no contempla bajo ninguna circunstancia el uso de la fuerza y descree de la eficacia de las mediaciones, pero a cambio establece multas para los infractores.


La neuquina Alicia Comelli defendió un proyecto que presentó junto a Diana Conti pero que reproduce una antigua iniciativa de 2008 del diputado Carlos Massei, que establece también la mediación para hallar alternativas de resolución.


Además, se manifestó a favor de la amnistía de los procesados por participar en protestas sociales.


Del Frente Renovador (FR), el jefe del bloque Darío Giustozzi aseveró que "no puede haber protestas legítimas e ilegítimas. Eso es subjetivo".


La correntina del Frente para la Victoria Araceli Ferreyra, autora de otro proyecto, coincidió en la necesidad de que la mediación obligatoria sea materia del Poder Judicial y planteó la necesidad de asegurar, además del derecho a la protesta y a la libre circulación, el derecho al abastecimiento.


El último proyecto expuesto fue el de Pablo Tonelli (PRO), quien recordó que "los derechos no son absolutos", marcó que no está de acuerdo con la amnistía de los procesados y en su propuesta pone énfasis en las protestas "pacíficas".


En la próxima reunión, a pedido de partidos de izquierda, los cuales a través de la socialista Virginia Linares (PS-FAU) abogaron por la amnistía de los dirigentes sociales procesados, Conti dijo que serán invitados para que den su opinión dirigentes de Quebracho, la CTA-ATE, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales.

 

20 de mayo de 2014

 

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