Othacehé vs. Sabbatella: Episodio II, la saga continúa

La relación entre Martín Sabbatella y Raúl Othacehé es pésima. Siempre lo fue y el mejor ejemplo de esa enemistad manifiesta fue el duro cruce que protagonizaron meses atrás, cuando el intendente de Merlo lo cruzó con un contundente "por que no te vas a la c... de tu madre", mientras Sabatellase hacía el distraído para evitar que la pelea terminara a las trompadas. Y en cada elección, la disputa recrudece. Othacehé desconfía de las intenciones políticas de su vecino y el de Morón quiere conquistar territorio enemigo. En ese esquema, se suman actores "de reparto" como sacerdotes pro-sabbatellistas y fiscales enfrentados con El Vasco de Merlo.

Así, el fiscal de la UFI N° 4 de Morón, Alejandro Jons, quedó en el medio de una disputa política entre los dos intendentes del oeste del Conurbano. En un abrir y cerrar de ojos, el funcionario judicial pasó de investigar un supuesto ilícito a ser investigado. En momentos en que Jons se acercaba desentrañar una red de supuestos difamadores anónimos que cargaban contra Sabbatella habría comenzado a sentir presiones inusuales del mandamás merlense. Finalmente fue denunciado, apartado de la causa y hoy la Fiscalía General lo investiga por su actuación.

El año pasado, el entonces intendente de Morón inició una causa judicial para descubrir quien se escondía detrás de una serie de volantes anónimos que acusaban al propio Sabbatella y a otros funcionarios del Ejecutivo moronense de estar a cargo de una asociación ilícita vinculada a la prostitución y la venta de drogas.

En una hábil maniobra (y seguramente con indicios de la procedencia de los difamadores), Sabbatella había requerido que las actuaciones de la Justicia tengan dos sentidos: primero pidió que se investigue si había tal red delictiva enquistada en el Estado y luego, que se avance contra el comando panfletero.

El Peugeot 504 en el que se movilizaba el comando panfletero.

A fines de noviembre, inspectores municipales demoraron en un control de rutina a dos hombres que circulaban a bordo de un Peugeot 504 sobre la calle San Martín al 100. Entre otras faltas, el automóvil no contaba con póliza de seguro. La infracción provocó la intervención de efectivos policiales de la comisaría 1ra de Morón, que sorprendidos por la cantidad de volantes que había en su interior, dieron cuenta que el Peugeot con patente XDR 729 coincidía con el descripto por dos testigos que 15 días antes habían declarado en la causa (IPP 32204-8) haber visto distribuyendo volantes a dos personas dentro de ese auto por las calles de Castelar. Una coincidencia astral que llama la atención y que se parece bastante a una operación de inteligencia.

Enterado de esto Alejandro Jons, citó a Rodolfo Andrés Gerachi y Carlos Javier Romero (los supuestos difamadores demorados) en calidad de testigos para que detallen la información que manejaban sobre las supuestas denuncias contra Sabbatella. La movida de fichas le costó caro.

Según diferentes fuentes del Ejecutivo de Morón, los hombres se desligaron de las difamaciones y habrían expresado que sólo hacían una “changa”: “Pasamos por una remisería y nos ofrecieron este trabajito”, afirmaron.

Ahora bien, desde el Ejecutivo de Morón se comenzó a sugerir que Gerachi y Romero tendrían aceitados vínculos con el oficialismo de Merlo. A las pocas horas de dar con los panfleteros, dos abogados que integran el buffet de asesores legales del municipio de Merlo, comenzaron a caminar los pasillos de los Tribunales y la Fiscalía de Morón con el fin de interiorizarse en la causa.

Néstor Moreno y Carlos Scarabel son los principales letrados de la Municipalidad y encarnan, vía legal, el andamiaje judicial de Othacehé. Ambos someten a distintos funcionarios judiciales a un estricto control de sus causas.

Días más tarde, uno de los hombres que tiraban panfletos anónimos en la vía pública denunció al fiscal por haberlo privado de su libertad. Esa causa avanza y está en manos de Karina Iuzzolino, adjunta del fiscal general Federico Nieva Woodgate. Por otra parte, Jons ya no está al frente de la UFI N° 4 y su lugar lo ocupó Valeria Courtade, quien tomó las riendas de la investigación.

En diciembre, Jons archivó la causa de la discordia por falta de pruebas pero en abril de este año a instancias de Sabbatella la causa fue reabierta para que se llegue al fondo de la cuestión.