Hacete amigo del juez

Por Tomás Eliaschev

¿Dónde están los cuatro kilos de cocaína que se esfumaron de la Comisaría 3ª de Dock Sud? Esa es la pregunta que amenaza con develar una turbia trama de negociados que puede rozar no sólo a policías denunciados por corrupción, sino también a magistrados cuestionados por apañarla. La misteriosa desaparición debería ser investigada por un juez, Luis Carzoglio, que anuló los avances logrados por la fiscal y justificó públicamente no sólo al comisario cuestionado, sino los ilícitos policiales de la Bonaerense cometidos en nombre de la lucha contra la inseguridad.

Todo salió a la luz por una carta sin firma que llegó a la fiscalía número dos de Avellaneda, a cargo de Mariela Bonafine, en la que se denunciaba que faltaban armas y drogas que estaban en custodia en la seccional. La fiscal comprobó que no estaban los cuatro kilos de clorhidrato de cocaína, de máxima pureza, además de 9,6 kilos de picadura de marihuana y 6 armas, todas provenientes de allanamientos practicados en la zona. Sólo quedaban, vacíos, tres de los cuatro sobres en donde la droga estaba guardada, con restos de polvo blanco.

El capitán Hugo Ricardo Brullo, por ese entonces a cargo de la comisaría, no dio mayores explicaciones. Se limitó a llamar por teléfono en dos oportunidades al juez de garantías Carzoglio y a dar órdenes a sus subalternos de no hablar. Pero ya era demasiado tarde.

Para constatar la denuncia anónima, la fiscal dio aviso a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. En la tarde del sábado 25 de julio, Bonafine ingresó con personal de esa división en la comisaría, le tomó  declaración a seis efectivos y estuvo hasta la madrugada del día siguiente revisando los registros y la caja fuerte: faltaba todo lo denunciado. Con el correr de las horas, se conoció el destino de las armas y la marihuana: habían sido remitidos a fiscalías y juzgados, aunque sin anotar nada. De la cocaína, ni noticias. Fuentes judiciales indicaron que la hipótesis más firme es que la droga iba a ser utilizada para plantar evidencias en causas fraguadas para conseguir ascensos, aunque no descartan que la hayan utilizado para consumo personal o directamente para venderla. El precio minorista de los cuatro kilos puede llegar a los 400 mil pesos.

A las 48 horas del procedimiento, el juez Carzoglio anuló lo actuado con el argumento de que Bonafine allanó la comisaría, para lo cual debe darle aviso. En realidad, se trató de una inspección de orden administrativo que la fiscal tiene potestad de hacer sin pedir autorización. Ahora, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora debe decidir quién tiene la razón. El capitán Brullo quedó imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Fue desafectado y la seccional intervenida. Según consta en el Ministerio Público de la provincia, el juez llamó a la fiscal, le apuntó que por su juventud ella podría ser su hija (tiene 33 años) y le planteó su descontento con la investigación contra Brullo: “Todos los comisarios de Avellaneda cometen irregularidades e ilícitos. Todos andan en cosas raras y les faltan efectos provenientes de los secuestros”, le dijo, siempre según el expediente. Consultada por Veintitrés, la mujer confirmó el diálogo y contó su reacción: “Le dije que con sus dichos no demostraba imparcialidad y que su obligación era denunciar si tenía conocimiento de ilícitos en otras comisarías”.

El juez ratificó sus dichos a esta revista y ensayó una explicación: “Lo que quise decir es que en el fragor de la lucha contra la inseguridad, en el marco de un sistema colapsado, muchas veces se cometen irregularidades”. Sobre la denuncia anónima, abonó otra de las teorías en danza: “Se trata de una interna policial. Brullo estaba por ascender a la jefatura distrital y lo bajaron. Es que con Brullo se acababa la droga en Avellaneda”, aseguró. La fiscal planteó que deben investigarse todas las comisarías de Avellaneda. Y adelantó que pedirá recusar al juez por su supuesta parcialidad favorable a Brullo. Sin mostrarse preocupado, Carzoglio insistió con defender al capitán caído en desgracia: “La gente lo quería”, apuntó.

Sin embargo, el ambiente había comenzado a opacarse en la Tercera de Dock Sud a fines de abril, cuando el joven Nahuel Balsano, detenido en forma arbitraria en un calabozo, murió a causa de un incendio. Este episodio trágico no melló las chances del capitán Brullo como futuro jefe de la Distrital de Avellaneda. Y el hombre se vanagloriaba del futuro nombramiento. A fines de junio, en varias oportunidades invitó a sus subalternos a comer lechón y cordero asado en el lugar de trabajo: en una de esas sobremesas, hablaba de cómo sería su gestión cuando una noticia le aguó el festejo: un empresario transportista había denunciado en la fiscalía de Bonafine que policías de Brullo le vendían combustible que donaba Shell para los patrulleros de la Tercera. La mujer confirmó que la donación no había sido registrada, lo que constituye una falta administrativa grave.

Al contrario de lo que afirma el juez, Brullo no tenía buena imagen entre los vecinos. Desde su llegada al destacamento de la Isla Maciel hasta su ascenso a la capitanía de Dock Sud, la relación entre la policía y el barrio sólo empeoró. Los vecinos hablan pidiendo reserva de sus nombres: temen represalias. Según relatan, Brullo tenía más que aceitado un sistema de coimas. Nadie estaba a salvo de las visitas del jefe de calle de turno, el presunto recaudador del capitán. Cuentan que proxenetas, traficantes, vendedores de CDs truchos, parrilleros que no tienen agua corriente ni habilitación, se ven obligados a poner su parte. Y que a plena luz del día, los policías negocian con la barra brava del club Dock Sud qué parte les toca de los ilícitos que encaran. Hasta mencionan casos en que la policía les sustrajo a los ladrones el botín de sus crímenes.

Alberto Bravo, vecino del barrio y presidente del Foro de Seguridad de Dock Sud, comenta que la situación para quienes viven en este rincón del conurbano es complicada. “Estamos desprotegidos. En numerosas oportunidades pedimos al capitán Brullo y al Ministerio de Seguridad que atiendan los reclamos de  los vecinos. Los patrulleros no se encargan de protegernos y por la noche esto se convierte en tierra de nadie”, comenta en una recorrida por las zonas picantes del “Docke”. A la pandémica contaminación y riesgo ambiental evidente, los vecinos de este tradicional barrio de inmigrantes y trabajadores tienen que agregarle la inseguridad de saber que quien los debe cuidar se dedica a asuntos más turbios que las aguas del Riachuelo.