La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría citó al ecuatoriano Jaime Duran Barba, el principal asesor de imagen del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a declarar como acusado por la denominada “campaña sucia” contra el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, en las recientes elecciones locales. Los resultados de los allanamientos fueron anticipados por Tiempo Argentino en su edición del domingo. La jueza le imputa el delito contemplado en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que reprime con “prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. De eso se trata: de presuntamente haber armado una estrategia para, mediante la fachada de una encuesta, vincular falsamente al padre de Filmus con la constructora Meldorek, propiedad del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, para perjudicar sus posibilidades electorales. Fueron cientos de miles de llamados; es imposible determinar con certeza cuánto influyó esa maniobra en la reelección de Macri.

La resolución de la jueza Servini de Cubría, firmada también por el secretario electoral, Martín Rosendo Seguí, considera que “existiendo motivo suficiente para sospechar que Jaime Rolando Duran Barba, Guillermo José Garat y Rodrigo Lugones han participado en la comisión del delito que se investiga en autos… cíteselos a prestar declaración indagatoria”. Lugones y Garat aparecen en el expediente como presuntos socios en la firma Opinión Confidencial SRL, una suerte de brazo ejecutor de la maniobra. Según reveló Tiempo Argentino, el acta de constitución de la consultora Opinión Confidencial muestra que Lugones “forma parte de su directorio desde el 17 de noviembre de 2008, cuando registró la creación de esa consultora junto a Guillermo José Garat, hasta ahora, un ignoto hombre de las comunicaciones”. Garat aparece “como parte del directorio de la consultora Connectic SRL”, allanada por orden de Servini de Cubría. Allí se encontraron varias de las principales pruebas que desembocaron en las indagatorias.

Tal como informó este diario en su edición dominical, de las computadoras secuestradas durante los allanamientos en sedes de las empresas Tag Continental, Connectic SRL y NSS se obtuvieron bases de datos con los números telefónicos de las cinco personas que recibieron los llamados a partir de los cuales se originó la presentación judicial. En ese cúmulo de pruebas está también el “Acuerdo de confidencialidad y no competencia”, fechado el 25 de noviembre de 2008, entre Duran Barba, el también ecuatoriano Santiago Nieto y Rodrigo Lugones, por una parte; y José Guillermo Garat, Nicolás Marcó y Martín Vicente Peluffo, por otra. El primer trío, representantes de la denominada “Parte Encuestadora”, junto a los otros empresarios, la “Parte Call Center”, sellaron lo que, en palabra de los peritos intervinientes, constituyó un “acuerdo societario no inscripto”, que se pretendió marginar de los trámites de la legislación vigente en nuestro país.

La jueza fijó las citaciones para los días 5, 6 y 7 de diciembre, a las 12, en el despacho que posee en la planta baja del Palacio de Tribunales. Como se trata de un delito electoral, Servini utilizará esa oficina y no la que tiene en Comodoro Py 2002. No se trata de un detalle menor: si quedara probado que la troika de asesores de Macri incurrió en falsedades para perjudicar las posibilidades electorales de candidato, ese delito electoral tendrá un correlato ineludible de una causa penal, de acción privada, por “calumnias e injurias”. Si bien en principio ninguna de las dos figuras aparece como un riesgo serio para que Duran Barba y sus colegas vayan a prisión, dos condenas por una misma matriz podrían complicarlos.

La convocatoria a declarar como imputados fue firmada el viernes pasado, pero no salió a la luz hasta que estuvieron notificadas todas las partes. Además, Servini decidió agregar al expediente “los informes remitidos por el Banco de la Ciudad y por la Secretaría de Inteligencia del Estado” (SI), que demostraron la compleja trama que habría sido urdida como parte de la maquinaria electoral del oficialismo porteño.
Sobre los informes de la SI, la jueza dispuso que se “efectúen los estudios correspondientes, previo a expedirse sobre los mismos”. Pese a lo críptico de la redacción, parece desprenderse que aún sin dar por válidas esas pericias, a la jueza le sobraron elementos para convocar a Duran Barba, Garat y Lugones a dar explicaciones.

Fuente: Tiempo Argentino
2 de noviembre de 2011