Las coberturas periodísticas realizadas en las provincias de Corrientes y Córdoba por las desapariciones de Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024 y de Lian Gael Flores Soraide el 22 de febrero de 2025, de quienes a la fecha no hay certeza del porqué quedaron fuera de la esfera de custodia de sus padres ni indicio alguno del paradero de ambos menores, son claros ejemplos que nos obligan a presentar, como profesionales de la información, nuestra metodología de trabajo aplicada para colaborar en la búsqueda de la verdad y en el acompañamiento de las víctimas.
En nuestro caso no se basa solo en informar, sino en hacerlo con responsabilidad, con rigor y con profundo respeto por las personas afectadas. El periodismo no focaliza en estrategias sino en el genuino valor noticia cuando los acontecimientos de la realidad cotidiana lo ameritan y cuando la víctima confía en nuestra labor.
Vale aclarar que el cambio de paradigma profundo en el acceso y distribución de la información, sobre todo a través de plataformas digitales, despertó la atención inclusive de la audiencia internacional para sumegirse en el consumo de noticias locales vinculadas al crimen organizado y focalizar la atención en víctimas sin fronteras. El “Homo Videns” de fines del Siglo XX con su sociedad teledirigida, obra del prestigioso profesor Giovanni Sartori en donde la palabra se presentaba destronada por la imagen, en la actualidad nos ubica en lo que podríamos bautizar como el “Homo Redes” que suma a la audiencia como protagonista, eleva su voz en formato virtual y ubica a la víctima como narradora de su propio dolor sin filtros. Un golpe bajo para quienes barajan las cartas del delito pretendiendo ocultar una verdad.
En un terreno hostil para la comunicación, la lógica de posibles operaciones de contrainteligencia logrando la interferencia criminal en las investigaciones con la instalación de pistas falsas, desinformación estratégica y ataques sistemáticos directos son un llamado de atención no sólo para el periodismo sino para la propia Justicia quienes también pueden convertirse en potenciales víctimas de quienes pretenden entorpecer. Son causas complejas. Hablamos de menores de edad. No hay víctima que amerite mayor atención.
En la causa Loan, a dos años de su desaparición, el 16 de junio arrancó el Juicio Oral y Público que tiene a 7 personas acusadas por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor con penas que van de los 5 a 15 años de prisión y a otros 10 por presunto entorpecimiento, privación ilegítima de la libertad de testigos y menores, usurpación de título, violacion de secreto profesional y falso testimonio. La investigación encierra un gran misterio con multiples hipótesis que todavía no se descartan. Una buena noticia: La esperanza se renovó para Ia familia con el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que tipificó en los Tribunales de Comodoro Py la lógica de “delito permanente” en base a tratados internacionales hasta que no se sepa qué ocurrió y donde está el menor. Una hazaña judicial histórica fruto de la labor de una querella responsable.
“La ausencia de Loan es su mayor presencia” refirió el colega Jorge Fontevecchia cuando entrevistó a los padres en su visita a Buenos Aires. Valiosa reflexión.
Por su parte, en la causa Lian, cuando todo parecía encarrilado para llegar a buen puerto con un Alerta Sofia difundido en tiempo y forma, territorio perimetrado, testigos sin contaminar ni presuntos encubridores a la vista la justicia no logró prueba suficiente para imputar a sospechosos y el expediente parece empantanado lejano a ser sometido a Juicio Oral.
Los estándares internacionales, promovidos por organismos como la UNICEF, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, son claros: el interés superior del niño debe ser siempre la prioridad. Esto significa que cada palabra que elegimos para informar tiene que contribuir a su protección, nunca a su exposición innecesaria.
Desde la evidencia en salud mental, sabemos que la desaparición de un menor genera un impacto emocional profundo. La familia atraviesa un estado de angustia extrema, muchas veces acompañado de desorientación, miedo e incertidumbre. En ese contexto, cualquier insinuación, cualquier pregunta fuera de lugar o cualquier juicio implícito puede transformarse en una carga adicional. Por eso, es fundamental evitar toda forma de revictimización.
Al referirnos al niño o la niña, hablamos de una persona con derechos y no solo de un caso. Evitamos especulaciones, evitamos detalles que no aportan a la búsqueda y nos enfocamos en la información que puede ser útil, siempre dentro de los límites que establecen las autoridades y el respeto por su integridad.
Respecto a la familia, nuestro rol no es interrogar desde la sospecha, sino acompañar desde el respeto. No corresponde, en este momento, sugerir responsabilidades ni exigir explicaciones en medio del dolor. La ética periodística nos exige comprender que están atravesando una de las situaciones más difíciles que puede vivir un ser humano.
En cuanto al plano institucional, es importante mantener la claridad: informar sobre hechos confirmados, distinguirlos de cualquier interpretación y evitar conclusiones apresuradas. La responsabilidad de investigar recae en las autoridades competentes; la nuestra es comunicar con precisión.
Este es un momento donde el periodismo debe estar a la altura de su función social. No amplificar el miedo, no alimentar el prejuicio, no convertir el dolor en espectáculo. Sino, por el contrario, contribuir a una comunicación que sea útil, respetuosa y humana.
El periodismo no solo informa, también protege la dignidad humana. Y eso se vuelve más responsable aun cuando abordamos a víctimas de delitos aberrantes.
La función no es “contar todo”, sino contar bien.
● Priorizar la dignidad y seguridad de la víctima.
● Evitar el morbo.
● Proteger la identidad cuando corresponda.
● Contextualizar el hecho como un problema social y estructural, no como un caso aislado.
● Verificar la información obtenida sin presionar ni invadir.
El periodismo no sólo ayuda visibilizando también colabora para que la víctima se fortalezca. La víctima a veces necesita narrativas de impacto sobre todo cuando hay demasiada asimetría con el poder. El caso de la condena al Clan Sena en la provincia del Chaco por el crimen de Cecilia Strzyzowski es un claro ejemplo. Luego de la lectura de la sentencia se coreó “gracias periodistas”.
El meticuloso Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA que reúne a 600 colegas de todos los rincones del pais con un claro y evidente Espíritu Federal es prueba del compromiso asumido. En lo que va del 2026 ya hubo 56 casos de ataque a la libertad de prensa. La clasificación incluye discursos estigmatizantes, ataques a la integridad, censura, abusos del poder estatal, acciones judiciales civiles o penales, ataque contra los bienes y uso abusivo de la publicidad oficial. Los agresores van de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, personal policial, allegados a personas con poder, justicia provincial, servicios de inteligencia y crimen organizado.
Si se ataca, se pretende manipular y silenciar a la prensa se ataca, se manipula y se silencia a la víctima.
Por tal razon cuando un niño desaparece, no estamos frente a una noticia más. No se trata de primicias ni fiebre por el rating frente a una urgencia humana. Y en esa urgencia, cada palabra importa. Informar, en este contexto, no es solo un acto profesional. Es también un acto ético.
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Christian Balbo, periodista de América
Licenciado en Periodismo con Posgrado en Periodismo Digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Con 30 años de trayectoria profesional durante una década fue cronista y redactor en la revista Noticias. Se especializó en el Periodismo de Investigación ejerciencia la docencia. En la actualidad trabaja como cronista del Grupo América abasteciendo de contenido a los noticieros de América TV y A24. Organizador del 1er Congreso Latinoamericano de Periodismo Móvil.