Política

Las municiones argentinas para Bolivia fueron embaladas en Estados Unidos

Así lo revelará el gobierno de Bolivia este lunes en conferencia de prensa. De esa forma, quedaría probada la participación de terceros países en el golpe y en la ayuda posterior al gobierno de facto. El material se trianguló a través de Argentina. Además, por su calibre, constituiría material de guerra así que las penas para los funcionarios podrían ser mucho más graves.

Las 29 mil municiones encontradas por la policía boliviana en sus depósitos que se enviaron desde Argentina por el gobierno de Mauricio Macri en las horas posteriores al golpe que derrocó a Evo Morales fueron embaladas en Estados Unidos, según denunciará este lunes el gobierno de Luis Arce. Así pudo establecerse gracias a la información recopilada por la comisión investigadora puesta en marcha por el Parlasur. Esto pondría de relieve que el golpe a Evo y la represión posterior tuvieron un planeamiento mucho mayor al imaginado, con activa participación de terceros países entre los que se encontraba la Argentina de Macri. Además, anticipaban que las municiones halladas, por su calibre, constituirían material de guerra, con lo que deberían haber contado con autorización expresa de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, por lo que las penas que le podrían caber a los ex funcionarios involucrados serían mucho más graves.

"Ayudar a un gobierno golpista ya es grave, pero ayudarlos a que lleguen al poder es mucho peor todavía", argumentó el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, quien el lunes pasado estuvo reunido en La Paz con Arce para alcanzarle la información que iban reuniendo en la comisión investigadora de la que participan también representantes bolivianos. La sospecha de un trabajo previo al golpe se vería confirmada con las municiones embaladas en Estados Unidos, que no podrían haber llegado a Bolivia de un día para el otro. Laborde alerta sobre la presencia en Bolivia de dos delegados de la AFI argentina, Luis Varela y José Sánchez, con actividad en territorio antes del golpe. También sobre las reuniones que se hacían en el consulado en Santa Cruz de la Sierra, donde se preparaba la transición. En una entrevista con Página/12, Evo Morales denunció que los agentes de inteligencia argentinos enviaban información a la CIA.

El comandante de la policía boliviana Máximo Jhonny Aguilera Montecinos reveló la semana pasada el hallazgo en el depósito de la fuerza de seguridad de 29.600 municiones AT12/70, granadas y agentes químicos que no forman parte del inventario de la fuerza. En diálogo con este medio, Aguilera Montecinos dijo que "a partir de la información recabada hemos tenido informes en los cuales se asume que esos objetos ingresaron con fecha 13 de noviembre de 2019 a través de una aeronave C-130 proveniente de Argentina".

En base a los datos que se siguen sumando, Bolivia anunciaría este lunes que este material fue embalado originalmente en Estados Unidos, con lo que Argentina habría cumplido el papel de triangulador de la ayuda a los golpistas. Con esto quedaría probado la participación de terceros países en la asonada contra Morales, no sólo en la represión posterior. Evo Morales aseguró que también el embajador brasileño estuvo involucrado. Por otro lado, dado el calibre de la munición de la que se habla, se trata de munición que se considera de guerra que, por convenciones internacionales, necesita de la firma de Cancillería y del Ministerio de Defensa. La omisión podría generarle un nivel de responsabilidad mucho mayor, con penas de prisión efectivas.

Por esta causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri y a sus ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, al ex embajador Normando Álvarez García y el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero. Lo hizo a partir de una denuncia presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont, que recayó en el juzgado en lo penal económico a cargo de Javier López Biscayart. El gobierno de Bolivia anunciará este lunes que también pedirá ser querellante en esta causa, más allá de que la justicia boliviana ya investiga el envío.

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