Sociedad

Finaliza el decreto que congelaba alquileres y prohibía desalojos

Caduca el 1 de abril. Desde esa fecha, los contratos de alquiler podrán actualizarse y los inquilinos que hayan acumulado deuda tendrán la posibilidad de entrar en un plan de pago de hasta 12 cuotas

Tras un año de vigencia este miércoles finaliza el decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos. Por este motivo, el Gobierno dispondrá un protocolo para asistir a aquellas familias que hayan acumulado deuda.

De esta forma, a partir del 1 de abril los contratos de alquiler podrán actualizarse. En el caso de los inquilinos que hayan acumulado deuda el Gobierno acordará un plan de pago de hasta 12 cuotas para saldarla o, caso contrario, enfrentar juicios de desalojo.

Vale recordar que originalmente la medida se aprobó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el inicio de la pandemia del coronavirus.

En esta línea, el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz dijo en declaraciones radiales que "la única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto", detalló.

Por su parte, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, confirmó a Télam la no extensión del decreto y aclaró que a partir del vencimiento del decreto "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", una instancia creada gracias a la nueva Ley de Alquileres.

A su vez, la Federación de Inquilinos Nacional realizó este martes un "ruidazo inquilino" en distintos puntos del país "para denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler" y exigir al Gobierno que "extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola"

Por último, esta semana se creó el "Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales" con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, frente a un potencial desalojo se piorizará a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

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