Política

Carrió presiona para aumentar el control de precios

 A sólo 4 días de haber asumido como presidente, Mauricio Macri se puso serio ante cúpula de la UIA, que brindaba por su llegada en la quinta de Olivos: “Por más que no tenemos ningún Moreno ni lo vamos a tener, como gobierno tenemos las herramientas necesarias para corregir cualquier abuso de precios”, buscó intimidarlos.

Pasado casi medio año de aquel brindis, los aliados del Gobierno creen que Macri estaba equivocado: Elisa Carrió y Mario Negri presentaron proyectos para supervisar más de cerca a los formadores de precios y aplicarles duras sanciones si aprovechan posiciones dominantes.

El proyecto de la chaqueña, denominada “Ley de defensa de competencia”, establece penas de entre 2 y 8 años de prisión para los responsables de “fijación, concentración o manipulación de venta”, como también a los culpables de “aumento artificial e injustificado de los precios de venta o compra de bienes o servicios”.

En una reunión con los referentes del interbloque Cambiemos Carrió avisó que se desmarcaría de la línea oficial de Macri, que consiste en negar cualquier responsabilidad de los empresarios por las remarcaciones en las góndolas. “Ellos son los mismos de antes y la inflación bajará conmigo”, prometió el presidente en varias entrevistas.

Los diputados del PRO sí parecen convencidos de esa tesis: ninguno firmó el proyecto de Carrió ni el de Negri, que propone la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia para recibir denuncias sobre abusos de precios.

La iniciativa, en realidad, fue presentada hace dos años por Martín Lousteau, con la firma de varios radicales y hasta de Carrió, que ahora fue por una más dura.

El refrito del cordobés no prevé prisión para incumplimientos sino penas económicas de hasta 980 salarios mínimos, un monto que difícilmente intimide a los empresarios más poderosos.

Lo subscribieron los radicales Miguel Bazze, Jorge D’Agostino y Soledad Carrizo y Fernando Sánchez, ladero de Carrió. Nadie del PRO puso la firma.

“Es muy probable que terminemos confluyendo en un proyecto único. La idea no es otra que controlar a quienes tienen posición dominante en productos de consumo masivo”, confió D’Agostino.

“Está claro que en estos meses hubo formadores de precios que instruyeron porcentajes especulativos. Y el consumidor no es responsable”, agregó el entrerriano.

El problema del Gobierno es que con estas iniciativas abrió un debate álgido, en un Congreso donde tiene clara minoría.

Se tratarán en la comisión de defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, presidida por la massista Liliana Schwindt, quien aprovechará para exponer a los diputados de Cambiemos y pedirles que elijan cómo seguir.

Se trata de una de las comisiones más taquilleras de estas semanas, con visitas de empresarios de primera talla como los líderes de las telefónicas, que el martes fueron  y con la mejor cara de poker negaron problemas de conectividad.

También se comprometieron a asistir los directivos de Metrogas y de Edusur. A los diputados de Cambiemos no les convence hablarle a empresarios con opositores de testigo: ninguno le preguntó nada a los directivos de Claro, Telecom y Telefónica, aun cuando no tienen la mejor relación con el Gobierno. 

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