Los pibes del Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora lo conocen bien. Hasta le tienen miedo. Es que todo aquel que pasó por el Módulo II sabe de qué se trata. “Allí pagan derecho de piso”, dicen. Caen aquellos con problemas de adicción y trastornos mentales, sufren de abstinencia y se violentan, sobre todo porque poco personal los controla. Pero si se arma revuelo puede ocurrir lo más pensado: el castigo.
Según denunció un reciente informe del Comité contra la Tortura, organismo dependiente de la Comisión provincial por la Memoria, a la salida del módulo “existe un cuarto pequeño con puerta de metal y una abertura en la parte superior con barrotes, donde golpean a los jóvenes, mientras permanecen esposados a dicha ventana y desnudos”.
La acusación es grave: “se verificó y constató judicialmente la presencia de mancha de sangre en sus paredes”, continúa el documento. A este cuarto del horror se lo conoce como “Gabinete”, y correría allí dentro la peor de las suertes para los pibes que decididan amotinarse.
El año pasado hubo dos grandes revueltas. “Es que los chicos entran con miedo, y explotan, terminan rompiendo todo, sobre todo en ese Módulo. En esa situación sabemos que hay mucha violencia por las condiciones de encierro. El régimen de vida es ilegal y eso es muy grave”, agregó Fernando, quien también aseguró que realizarán una medida de fuerza para reclamar por mejoras en las condiciones laborales.
En Lomas (al igual que en otros tantos centros de menores desparramados por el Conurbano) la situación es desesperante. Allí viven 112 chicos en condiciones de hacinamiento y de pésima higiene. Más del 40 por ciento del total ya cumplió los 18 años, por lo que se está infringiendo la Ley de Niñez.
A todo esto se suma la postura de la Dirección del lugar, a cargo de Claudio Cardea, que para resguardar la seguridad de sus trabajadores debió reducir aún más las horas de restricción de los internos. Ven el sol alrededor de 6 horas por cada dos días. El resto de la jornada la pasan encerrados en sus celdas-buzones. “Engomados”, tal como se le llama en la jerga. Según Fernández, los trabajadores del lugar no cumplen con esa orden.
Al respecto, el juez de Menores de La Matanza, Rodolfo Brizuela, expresó a este medio que “existe en general un déficit en cuanto a recursos materiales y humanos. En Lomas en definitiva son prisiones, y en realidad el Centro tiene que tener espacio para instrucción, contención, salud y educación”. Estas instituciones dependen del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, hoy a cargo de Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera, otrora intendente de Avellaneda.
Sobre todo este último punto está en jaque, ya que los detenidos tienen entre 3 y 4 horas de clases educativas por semana, aunque también participan de talleres que organizan un grupo de empleados del lugar.
¿Dónde van a parar los pibes?
A la problemática de la superpoblación carcelaria de menores se le sumó en las últimas horas un fallo que refuerza la postura que ya se venía implementado en los jueces garantistas. La Cámara Penal de La Plata resolvió que la policía no puede detener ni alojar a un menor de 18 años de edad en comisarías por averiguación de identidad, por alguna contravención, por motivos asistenciales o para averiguar antecedentes. Sólo podrá hacerlo si cometió un delito.
Entonces los pibes deberán ser trasladados de inmediato a reformatorios, los mismos que se encuentran ya desbordados, con ausencia de personal y sobre todo, falta de contención para reintegrarlos nuevamente en la sociedad.
A todo esto, aún sigue vigente el proyecto para bajar la ley de imputabilidad impulsado por el gobierno de Daniel Scioli, que faculta a la policía para detener a jóvenes a partir de los 14 años, y no de los 16. Es que gran parte de los robos a mano armada y hasta con víctimas fatales que ocurrieron en 2009, fueron cometidos por menores de edad (uno de los más significativos fue el caso de Fernando Cáceres).
La tortura
El estudio del Comité Contra la Tortura es clave. Detalla que “100 jóvenes evaluados, el 70% de ellos habían tenido intentos de suicidios, y un 100 % se autolesionaron en algún momento de su detención”, según una pericia psicológica de la Asesoría Pericial del Poder Judicial.
Por otra parte, indica que en 2008, cuatro menores apresados murieron por presuntos suicidios en distintos centros de la Provincia. En cuanto al año pasado, “sobre 79 jóvenes encuestados un 32 % denunció haber sido agredido en algún instituto, por el personal a cargo de su cuidado y dentro de estos, el 44% reconoció haber sido golpeado. Del total de adolescentes encuestados, el 86 % fue sancionado con aislamiento continuo”.
En ese mismo sentido, aún hay una incógnita sin resolver que salpica de lleno a la Bonaerense: El caso Luciano Arruga, un chico de 16 años detenido en una comisaría de Lomas del Mirador el 31 de enero del año pasado, que aún no apareció.
04 de junio de 2010
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