Adelanto Revista 24CON
La causa penal
La representante legal de más del 50 por ciento de los damnificados, (416 socios que viven en el barrio, y 66 que tienen todo pago pero no sus viviendas), Lorena Calvo, logró llevar adelante una demanda luego de innumerables peripecias legales y bajo constantes amenazas. “UTEVI es una sociedad civil viciada de irregularidades. Se formó en una escribanía donde se presentan tres personas que toman el carácter de administradores, dos siempre tenían que firmar toda gestión que se realizara. Automáticamente empieza a firmar un solo socio, que es Zamín, que, hasta el día de hoy, es el único que firma en carácter de administrador”.
La letrada explica que la comercialización se hacía en oficinas donde el administrador vendía los planes de vivienda: “Aunque la gente tenía la opción de presentarse en las oficinas de Tarraubella donde comienzan a dar los primeros formularios con membretes de su firma”. “Como dueña del terreno figura la empresa ZETACÉ, pero no hay ningún acuerdo entre Zamín y esta empresa ni entre estos y Tarraubella. Por eso “hay que demostrar la estafa”.
“Cuando iniciamos los expedientes en La Matanza surgieron cosas que nunca me habían pasado desde que me dedico a esta profesión: desaparecían los expedientes o los archivaban por falta de méritos”, recuerda la abogada, hasta que cambiaron la estrategia: “Hicimos un petitorio con un abogado de Naciones Unidas y él nos contactó con el presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra la Impunidad que tiene oficina estable dentro del ministerio del Interior. Ahí nos proporcionaron todas las garantías de seguridad para que siguiéramos con este caso ya que apenas se inició la demanda por estafa, administración fraudulenta y delitos de acción pública, comenzaron las amenazas que motivaron a que, desde el ministerio del Interior, nos brindaran custodia especial e intervención de los teléfonos del estudio como medidas de seguridad. Alguien tiene que responder por esto. Es increíble que tanto rentas como el municipio no verifiquen si la persona que firma y asume el compromiso ante ellos tiene el carácter que invoca. Si bien resulta llamativo, legalmente esa situación nos juega a favor”.
La letrada explica que la comercialización se hacía en oficinas donde el administrador vendía los planes de vivienda: “Aunque la gente tenía la opción de presentarse en las oficinas de Tarraubella donde comienzan a dar los primeros formularios con membretes de su firma”. “Como dueña del terreno figura la empresa ZETACÉ, pero no hay ningún acuerdo entre Zamín y esta empresa ni entre estos y Tarraubella. Por eso “hay que demostrar la estafa”.
“Cuando iniciamos los expedientes en La Matanza surgieron cosas que nunca me habían pasado desde que me dedico a esta profesión: desaparecían los expedientes o los archivaban por falta de méritos”, recuerda la abogada, hasta que cambiaron la estrategia: “Hicimos un petitorio con un abogado de Naciones Unidas y él nos contactó con el presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra la Impunidad que tiene oficina estable dentro del ministerio del Interior. Ahí nos proporcionaron todas las garantías de seguridad para que siguiéramos con este caso ya que apenas se inició la demanda por estafa, administración fraudulenta y delitos de acción pública, comenzaron las amenazas que motivaron a que, desde el ministerio del Interior, nos brindaran custodia especial e intervención de los teléfonos del estudio como medidas de seguridad. Alguien tiene que responder por esto. Es increíble que tanto rentas como el municipio no verifiquen si la persona que firma y asume el compromiso ante ellos tiene el carácter que invoca. Si bien resulta llamativo, legalmente esa situación nos juega a favor”.
