Más de 50 penitenciarios de Ezeiza acusados de torturar presos en una rebelión
La causa alcanza a las máximas autoridades del penal por un hecho que ocurrió en 2019; el juez interviniente trabó un embargo millonario a los acusados
Cincuenta y cuatro efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron procesados como acusados de torturar a internos del penal de Ezeiza cuando en junio de 2019 intentaron disipar un reclamo de los reclusos.
Así lo dispuso el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien hizo lugar al requerimiento de la fiscal federal 2 de ese fuero, Cecilia Incardona. El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación informó que el magistrado también les trabó a los imputados embargos sobre sus bienes por sumas de entre 10 y 15 millones de pesos.
Para los acusadores, las torturas se produjeron en forma continua entre el 9 y el 13 de junio de 2019, en el Complejo Federal 1 de Ezeiza. Entre los penitenciarios involucrados hubo personal del cuerpo de requisa, médicos de guardia, bomberos del Grupo de Operaciones Anti Siniestros (GOAS), integrantes del Grupo de Resolución de Incidentes (GERI); celadores del pabellón B; y la totalidad del personal de la jefatura de turno de la Unidad Residencial III.
Según el MPF, todo comenzó cuando los penitenciarios ingresaron al pabellón B con el fin de disipar un reclamo de los reclusos allí alojados y en esas circunstancias "se produjo un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza".
De acuerdo a la imputación, los agentes "dispararon en numerosas oportunidades, con postas de goma, en forma directa al cuerpo de las personas privadas de la libertad, a quienes también rociaron con gas pimienta en sus rostros y sometieron a golpes cuando ya habían sido reducidos y no oponían resistencia".
"Durante la secuencia, los médicos omitieron asistir a los lesionados a quienes, además, expusieron sin causa justificada a los efectos del humo y el gas lacrimógeno dispensado por los agentes penitenciarios", indicó el MPF.
Y agregó que luego las víctimas "fueron encerradas en sus celdas hasta el 13 de junio, periodo durante el cual no se les brindó comida, ni se los dejó utilizar las baños, duchas y luz artificial", al tiempo que "tampoco se les brindó la debida atención médica".
Tras ser alertado de lo ocurrido, una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, concurrió al lugar y advirtió el estado en el que estaban los detenidos. Posteriormente "se verificó que las autoridades penitenciarias falsearon las actuaciones administrativas y el sumario de prevención, a fin de ocultar su ilícito accionar".
También constataron el estado de las instalaciones carcelarias y secuestraron las filmaciones de las cámaras de seguridad y documentación de interés para la investigación.
En base a todos los elementos reunidos en el expediente, 54 efectivos fueron procesados por el delito de torturas, y al jefe de día del establecimiento por la omisión de impedirlas.
