Se "tragaron" 22 edificios y estafaron a 400 familias

Un plan de ahorro para viviendas en el barrio Sagrado Corazón de Villa Celina terminó en bronca, inoperancia judicial y escraches. La historia.

Por Leticia Leibelt
A mediados de los ’90, el Barrio Sagrado Corazón era conocido en Villa Celina como “Barrio Tarraubella”. Esa era la empresa inmobiliaria que había llegado al predio, ubicado sobre la calle Unanué entre Olavarría y San Martín, para construir un complejo de edificios de entre tres y cuatro plantas, cuyos departamentos se iban a vender a través de un “círculo de ahorro”: pagando 196 pesos/dólares por mes durante 126 meses – es decir, diez años y medio – una persona podía acceder al sueño de la casa propia.

La oferta era más que tentadora, por lo que familias de Laferrere, Ciudad Evita, Tapiales y todo el partido de La Matanza entraron a este plan de adjudicación. Incluso hubo gente de Río Negro y otras ciudades del interior del país que quisieron mudarse, con la promesa de recibir su departamento en cuanto estuviera terminado. Sin embargo, ya a fines de esa década, el barrio había quedado por la mitad: de 44 edificios, sólo se construyeron 22, con 360 viviendas.

Aunque el conflicto surgió por la complicada realidad económica de la época, a lo largo del tiempo se fueron sumando más problemas que soluciones. Los años de desidia incluyen la acumulación de deudas al Estado, la creación de un fideicomiso que “paralizó” absolutamente todo y hasta un intento frustrado de los damnificados para crear una cooperativa y construir por su cuenta.  

Lo cierto es que hoy existen más de 400 vecinos del Sagrado Corazón - con sus respectivas familias - que todavía esperan. Los menos afortunados comenzaron a pagar hace 17 años, cumplieron todas sus cuotas y no deben nada, pero el departamento que legalmente les corresponde sigue siendo un proyecto. Así le sucedió a Orlando Cámara, uno de los referentes de la lucha del grupo para reclamar lo que les corresponde. 

“Mi hermana empezó los pagos hace 14 años, pero después tuvo su primer hijo y se construyó una casa arriba de la de nuestros padres, así que me dejó el departamento a mí y yo terminé el plan. En algún momento me lo tienen que dar”, se esperanza el hombre, que mientras tanto vive en una casa de Unanué y General Paz.

Si bien muchos siguen haciendo todo lo posible por tener su vivienda, en el camino fueron quedando otros que, al retirarse, perdieron todo el dinero invertido. “Es difícil. Varios perdieron las esperanzas y se fueron, pero otros realmente queremos que esto se termine”, reconoció a 24CON.

Crónica de una estafa

“Tarraubella tuvo inconvenientes desde 1997, cuando dejó de entregar los departamentos en tiempo y en forma porque, con los vaivenes económicos, el dinero que pagaban los vecinos no les rendía”, relata Cámara. Por eso, un grupo de afectados decidió hacer la denuncia, que llegó a la Inspección General de Justicia.

Así, se le dio intervención al juez federal de San Martín, Carlos Luf, que, después de darle un plazo a Tarraubella para regularizarse – que no fue cumplido -, la desvinculó del proyecto y designó una interventora, Nélida Otero. La empresa había dejado una importante deuda con lo que hoy es Arba, con las tasas municipales e, incluso, irregularidades en las instalaciones de agua. “Cuando Jorge Tarraubella vino a explicar por qué el juez lo había sacado le dijeron de todo, hasta le quisieron pegar”, recuerda Cámara.

Pero el remedio fue peor que la enfermedad. La interventora creó en 2002 un fideicomiso: básicamente, un fondo común de dinero del que los mismos vecinos son socios. Este sistema empezó a regir al año siguiente, y ahí vinieron los verdaderos dolores de cabeza. “Todos los socios, casi 600 personas, firmamos para entrar al fideicomiso pensando que era una solución, pero en cambio nunca más se hizo nada. Seguíamos pagando en una cuenta del banco Credicoop y ellos seguían cobrando, pero desaparecieron”, sostiene Cámara.

Todos se pusieron en campaña para contactar a los responsables y preguntarles por qué no seguían construyendo. Ellos pidieron tiempo y pasaron años. Finalmente, llegaron a escrachar a la abogada Silvia Cantarutti, administradora del fideicomiso, en la puerta de la Facultad de Derecho, donde da cátedra. “Tratamos de hablar, pero no nos dejaron pasar. Hicimos varios escraches con bombos y papeles, hasta que ella renunció”, explicó el vecino.

Y agregó: “Estábamos desesperados. Creamos una cooperativa entre nosotros en 2007 para construir nosotros mismos, pero en el Inades (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) nos dijeron que no podemos edificar en terrenos que no nos corresponden”, ya que el predio pertenece al fideicomiso.

“Taraubella tiene más de cien juicios en proceso. Al menos, mal o bien, ellos entregaban departamentos terminados cada seis u ocho meses. El fideicomiso no hizo nada”, denuncia.

Nuevas promesas

Actualmente, hay una administradora interina, Dolores Robles, y la empresa Gestión Activa se haría cargo en los próximos días. “Nos reunimos con ellos y dicen que van a trabajar con la gente del barrio y volver a construir, a pesar de los palos en la rueda”, asegura Cámara.

Mientras tanto, en diálogo con 24CON, Dolores Robles se negó a dar detalles sobre el estado del caso “hasta que asuma la nueva
administración”, aunque aseguró que “seguramente antes de fin de año va a haber novedades”.

En cuanto a Tarraubella, confirmó que se la había desvinculado de la construcción por el “incumplimiento del plan de ahorro”, y salió en defensa de su antecesora y colega, Silvia Cantarutti, de quien aseguró que los vecinos “le hicieron una guerra y no se la bancó”.

De acuerdo al fideicomiso, la escritura de los departamentos no se va a dar hasta que el último sea entregado. Esto significa que, a los que tuvieron la suerte de tener su vivienda, no se les permite venderla o alquilarla, y ellos deben hacerlo “por las malas”, con el boleto de compra-venta.

“Hay gente que terminó con sus cuotas pero ahora les piden pagar las deudas de agua, Arba y la seguridad. ¿Cómo van a pagar, si ni siquiera viven ahí?”, se pregunta Cámara. 

“Siempre es igual: los administradores están un tiempo, se sienten intimidados y se van”, se lamenta, con la esperanza de que esta vez sea diferente y puedan, al fin, sentirse dueños del techo en el que invirtieron.

 

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