Peligro, inflamable

El 9 de mayo de 2007, las 50 dotaciones de bomberos que acudieron a la fábrica “Aerosoles Argentinos S.A.” de la localidad matancera de Virrey del Pino, no pudieron impedir que el fuego se llevara la vida de siete hombres e hiriera a otros tres. El mal llamado incendio se había convertido en una tragedia.

Las llamas se habían originado en el sector de empaque de la fábrica, y a las pocas horas el lugar quedó desvastado. Hasta el personal que se encargó de remover los restos de productos debió trabajar en la zona con trajes especiales para su seguridad, ya que estaban expuestos a altos niveles de toxicidad. 

 

Luego de que el país tomó noción de la gravedad de aquel accidente industrial, distintos actores sociales decidieron salir a pedir una respuesta. Se organizaron debates en universidades y medios de comunicación, y el tema, caliente, llegó hasta la Cámara de Senadores.

A mediados de junio, el por entonces presidente del Bloque de senadores de la UCR, Jesús Porrúa, pidió al Poder Ejecutivo que por medio de la Secretaría de Política Ambiental se diera una explicación sobre lo acontecido.

Al respecto, el funcionario aseguró: “La fábrica mencionada no tenía la autorización definitiva para funcionar. La firma había iniciado ese trámite hace tres años, pero no lo había concluido. Tal es así que la secretaria de Medio Ambiente, Silvia Suárez Arocena, reconoció que el tramite no estaba completo y que su Ministerio debería haber inspeccionado ya que la fábrica estaba funcionando sin el estudio ambiental terminado”.

El 11 de mayo de 2007, según lo que publica actualmente el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) en su sitio Web, la Dirección Provincial de Control Ambiental de aquel año reconoce que “el siniestro había dejado un remanente de materias primas y productos en condiciones riesgosas, al igual que las instalaciones y equipos en inciertas condiciones de seguridad, lo que constituía una prueba fehaciente de la existencia de grave peligro de daño inminente sobre la salud de la población , de los trabajadores y del medio ambiente…”

 

Por esa razón, decidieron llevar adelante la clausura preventiva total de la empresa. A su vez, el dueño de la industria quedó bajo prisión preventiva al ser acusado como responsable de la muerte de las víctimas. Aunque en junio de ese mismo año, el fiscal que intervenía en la causa decidió recaratularla de “homicidio culposo” a "estrago doloso", por lo que las penas podrían ser mucho más severas (de 8 a 20 años de cárcel). 

La peor noticia fue que todo se pudo haber evitado de manera muy sencilla: Las pericias que fueron realizadas días después del accidente, demostraron que el fuego se inició debido a un cigarrillo mal apagado en el interior de la planta industrial.